A continuación el texto (incluído dentro de la versión taquigráfica) con la exposición realizada por el presidente de la AALP - Arq Osvaldo GuerricaEchevarría – en la audiencia pública por el shopping Distrito Arcos desarrollada el pasado 20 de febrero de 2014 -
8.- Sr. Osvaldo Guerrica Echevarría
Sr. Coordinador (Barra).- Corresponde que haga uso de la palabra el participante número 8, señor Osvaldo Guerrica Echevarría.
Sr. Guerrica Echevarría.- Buenas tardes.
Mi nombre es Osvaldo Guerrica Echevarría. Soy arquitecto, presido la Asociación Amigos del Lago de Palermo y desde hace varios años asesoro en la Legislatura Porteña en el tema del planeamiento urbano, ambiente y espacio público.
En primer lugar, tengo una pregunta para los muchos abogados presentes: ¿una audiencia pública tiene efecto retroactivo? (Aplausos). Lo pregunto en serio, porque las leyes no tienen vigencia retroactiva; es decir, todo es a partir de la ley en adelante. Pero esta audiencia parece que es al revés: a partir de ahora hacia atrás.
Yo vivo a dos cuadras del shopping a cielo abierto. Por lo tanto, todos los días mi perra me saca a pasear y veo lo que sucede. Justamente, en diciembre de 2011 vi cómo empezaba la obra y la fotografié. También le saqué una foto al cartel de obra, que está puesto desde ese momento y todavía sigue colocado, que dice que quedan libres 13.800 metros cuadrados. Después me entero que en septiembre de 2012 -casi un año después- presentan planos ante el Gobierno de la Ciudad, ante la DGROC, donde quedan registrados y dice: “17.000 metros libres”.
Entonces, primero eran 13.000, después en los planos figura 17.000 –a propósito, doctor, acá no exhibieron ningún plano–, mientras que la maravillosa Ley 4477 fija que deben quedar 23.300 metros de espacio libre.
Como solamente la ingeniera que dio el informe osó decir dos veces “Código de Planeamiento Urbano” mientras que el informe del abogado –quien luce muy bien con su traje, lo felicito, (Risas)– ni siquiera lo mencionó, voy a leer una parte del Código. Espero que también Juan Carlos Villalonga lo escuche, porque usted fue quien firmó este dictamen.
En uno de los párrafos del punto 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano que hace referencia a la proporción de terreno destinado para uso y utilidad pública dice: “En el parcelamiento de tierras de propiedad del Estado Nacional sujetas a privatización o desafectadas del dominio o de un servicio público…”, como es evidente en este caso, “…se destinará como mínimo el 65 por ciento de la superficie total para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad”. Por lo tanto, si este predio tiene 36.000 metros cuadrados, o 35 mil y pico, 24.000 son de uso y utilidad pública, preferentemente espacio verde; es decir que esa construcción debiera estar abierta y ser de uso libre por parte de toda la población. Pero no tenemos cifra cierta de lo que queda libre.
Me hubiera gustado ver planos o la planta de techos en los que se pueda apreciar el espacio, porque es exactamente a la inversa de lo que pide el Código. Las superficies cubiertas y descubiertas supuestamente de libre acceso tampoco son de libre acceso.
Reitero, el cumplimiento del Código de Planeamiento Urbano es judicializable cien por ciento, y acá no se cumple en lo absoluto, porque nada queda de uso y utilidad pública; absolutamente ninguna superficie de los 24.000 metros que deberían quedar.
Voy a seguir ahora con un informe de la DGIUR, que incluye el dictamen firmado por Juan Carlos Villalonga y una disposición del arquitecto Ledesma, al cual debiéramos felicitar por la inventiva…
Sr. Coordinador (Barra).- Vaya redondeando, por favor.
Sr. Guerrica Echevarría.- Sí, ya finalizo.
Juan Carlos Villalonga y el arquitecto Ledesma dicen que el centro de compras incluye un sector destinado a “paseo peatonal privado de uso público previsto y autorizado por la normativa vigente”.
Esto quiere decir que el Estado Nacional se lo vendió a Irsa y nosotros no nos enteramos; es decir, una disposición de un funcionario de cuarta dentro del Gobierno le dice a Irsa que eso es un espacio privado.
Pero el predio es de dominio público del Estado Nacional, que no tiene vergüenza de haberlo entregado en concesión por la ADIF en el 2011 –firmado por su presidente Nicanor Villafañe– a Irsa por veinticinco años –hasta el 2036– a 200.000 pesos por mes. (Aplausos)
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